El fraude bancario en España : ¿Por qué deben reforzar los bancos su capacidad de detección documental?
A medida que aumentan los casos de fraude bancario, el fraude documental constituye uno de sus componentes más significativos. Finovox le explica cómo los documentos falsos perturban el buen funcionamiento del sector bancario.
La banca online es uno de los principales avances del sector bancario en este comienzo del siglo XXI. Sin embargo, esta innovación ha creado una oportunidad para nuevos tipos de fraude, entre los que se encuentra el fraude documental.
¿Qué es el fraude bancario?
El fraude bancario es el fraude cometido contra los bancos y los servicios que ofrecen: cuentas bancarias, créditos hipotecarios o al consumo, productos de ahorro o inversión, medios y servicios de pago como tarjetas bancarias, cheques, pagos a través de aplicaciones, etc.
El objetivo de los defraudadores suele ser obtener una ventaja indebida, normalmente en forma de una suma de dinero obtenida de manera fraudulenta. Pero el objetivo también puede ser obtener acceso al sistema bancario para transferir fondos de origen ilícito con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo (BC/FT).
El fraude puede tener un impacto significativo en la rentabilidad, la responsabilidad jurídica o incluso la reputación de un banco.
Según la última memoria de reclamaciones publicada por el Banco de España, el año 2024 marca un nuevo récord histórico con alrededor de 60 000 reclamaciones recibidas acerca de los bancos (un aumento de aproximadamente el 50 %), una proporción significativa de las cuales se refiere a diversos tipos de fraude.
El fraude documental en el sector bancario
El fraude documental puede afectar a las entidades bancarias en diferentes momentos de la relación o en relación con diferentes productos.
El fraude al establecer la relación
En el momento de establecer la relación, el fraude documental puede tener como objetivo eludir los procedimientos denominados KYC («Know-Your-Customer»), con el fin de obtener una cuenta bancaria a nombre de un tercero.
Este resultado puede obtenerse aprovechando el establecimiento de la relación a distancia para presentar el documento de identidad de otra persona (lo que se denomina usurpación de identidad) o incluso un documento de identidad falso fabricado a partir de elementos dispares (lo que se denomina identidad falsa o, algunas veces, identidad sintética).
Este fraude al establecer la relación también puede afectar, de manera relacionada, a los documentos que acreditan la dirección o el domicilio.
Por otra parte, las empresas también pueden ser objeto de usurpación de identidad, o se pueden crear empresas falsas a partir de información veraz.
El fraude durante la relación
Durante la relación comercial, se pueden utilizar documentos falsos, generalmente para obtener ventajas indebidas o para justificar operaciones sospechosas.
Se pueden presentar nóminas falsas, certificados tributarios falsos o balances contables falsos con el fin de obtener préstamos al consumo, préstamos hipotecarios o préstamos a empresas de manera fraudulenta.
En estas situaciones, los estafadores intentan cometer un fraude en detrimento del banco, induciéndolo a conceder un crédito basándose en información falsa.
Del mismo modo, se pueden presentar facturas falsas o documentos jurídicos falsos al banco para justificar operaciones inusuales y eludir los controles de los equipos encargados del cumplimiento normativo.
En estas otras situaciones, los estafadores suelen intentar blanquear dinero o utilizar una cuenta bancaria para cometer estafas en perjuicio de terceros, por ejemplo, estafas del IVA o estafas del CEO.
Los riesgos normativos del fraude documental
Además de exponer a los bancos a pérdidas financieras o daños reputacionales, el fraude documental también expone a las entidades financieras a sanciones impuestas por las autoridades reguladoras.
En España, una de estas autoridades es la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a la que está adscrito un Servicio Ejecutivo (SEPBLAC), que constituye la unidad de información financiera española.
La Comisión se encarga, en particular, de la aplicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Esta Ley impone a los bancos, en su capítulo II, medidas de diligencia debida, entre las que figura, en particular, la obligación de identificar al titular real de las cuentas (artículo 4). Esta obligación se aplica tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas (artículo 4 bis), o incluso a los fideicomisos y otras estructuras similares (artículo 4 ter).
Esta misma Ley prevé, en su capítulo VIII, sanciones en caso de incumplimiento, que pueden consistir en multas, amonestaciones públicas o incluso la suspensión temporal de la autorización para operar.
En su informe sobre las sanciones impuestas en 2024, el Tesoro detalla varias sanciones impuestas por deficiencias en materia de KYC o de control interno.
El fraude documental supone, por lo tanto, un importante riesgo jurídico para las entidades financieras españolas.
¿Cómo se combate el fraude bancario con Finovox?
Para luchar contra el fraude en el sector bancario, es especialmente importante contar con un software de detección de documentos falsos.
La solución Finovox es el mejor aliado de los bancos para detectar este tipo de fraude. Basada en algoritmos avanzados y en la inteligencia artificial, Finovox es capaz de detectar documentos alterados o falsificados en tiempo real, lo que permite a las entidades financieras minimizar las pérdidas, preservar su reputación y evitar consecuencias legales indeseables.
Esta solución puede utilizarse de forma útil, por ejemplo, al abrir una cuenta o cuando un cliente solicita un préstamo.
La tecnología Finovox
Finovox es capaz de detectar documentos falsos gracias a tres componentes tecnológicos, que permiten identificar los elementos fraudulentos en el 100 % de los documentos:
Análisis de coherencia: comprueba que el documento es coherente en sí mismo.
Análisis visual en profundidad: comprueba si el documento ha sido modificado mediante, por ejemplo, programas como Photoshop.
Análisis informático: detecta índices de producción automatizada de documentos o de falsificación informática.
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