La digitalización de las actividades económicas ha provocado una explosión de casos de falsificación de documentos a nivel mundial. España, al igual que otros países europeos, no es ajena a esta tendencia. No obstante, las empresas parecen poco preparadas para enfrentarse a este reto.
¿Qué es el fraude documental?
El fraude documental consiste en alterar, simular, modificar o falsificar un documento con el fin de engañar y obtener un beneficio.
Se trata de un delito según los artículos 390 a 399 ter del Código Penal, que denomina este fenómeno como «falsedad documental».
Este tipo de fraude afecta a todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño y sector de actividad.
Como veremos, el fraude documental suele acompañar otras actividades ilícitas, como el fraude en perjuicio de empresas o del Estado, la evasión fiscal o el blanqueo de capitales.
El fraude documental en España: una amenaza importante
Según el informe anual de la Asociación Española de Empresas contra el Fraude (AEECF), el fraude documental representa al menos el 15 % de los casos de fraude que sufren las empresas en el país.
Una cifra mucho mayor si se tiene en cuenta que otros tipos de fraude (el fraude de suscripción en canales digitales, la apertura de cuentas mulas, la estafa) se basan en gran medida en el fraude documental, lo que eleva la cifra a cerca del 60 %.
Los sectores de actividad expuestos al fraude documental en España
Aunque todas las empresas pueden verse afectadas, algunos sectores son más vulnerables al fraude documental debido a la sensibilidad de su actividad.
El sector bancario
El sector bancario está especialmente expuesto al fraude documental.
La apertura de cuentas bancarias requiere pasar por los procedimientos denominados KYC («Know-Your-Customer»), y proporcionar así un documento de identidad, un justificante de domicilio, etc.
La concesión de créditos implica proporcionar documentos que demuestren la capacidad de reembolso, como certificados tributarios o nóminas.
Las personas con malas intenciones pueden proporcionar documentos falsos en estas ocasiones para obtener acceso a una cuenta bancaria o a un crédito de forma fraudulenta.
El sector de los seguros
El sector de los seguros también está especialmente expuesto.
La suscripción de un contrato implica pasar por procedimientos KYC u otros procesos para evaluar el estado de salud, por ejemplo.
Cuando se solicita una indemnización tras un siniestro, pueden ser necesarios determinados documentos para obtener la cobertura.
La presentación de certificados o atestaciones falsos puede dar lugar a evaluaciones erróneas del riesgo o a indemnizaciones indebidas.
El sector sanitario
En el sector sanitario, falsas recetas pueden utilizarse para obtener medicamentos sensibles (como analgésicos o ansiolíticos), justificar ausencias laborales u obtener incapacidades para trabajar.
El sector inmobiliario
En el sector inmobiliario, se pueden utilizar documentos falsos en los expedientes de alquiler o en las adquisiciones inmobiliarias.
Los riesgos y consecuencias del fraude documental para las empresas españolas
Descuidar el fraude documental expone a riesgos cuyas consecuencias pueden ser extremadamente perjudiciales para las empresas.
El riesgo financiero
El riesgo financiero es, evidentemente, el primer riesgo que viene a la mente cuando se piensa en el fraude documental.
Este tipo de fraude provoca pérdidas a las empresas, ya sea a través de créditos bancarios concedidos de forma fraudulenta, siniestros indemnizados indebidamente o ausencias justificadas con documentos falsos, por ejemplo.
Además, más allá de estas pérdidas directas, el fraude conlleva gastos, en particular por investigaciones internas, auditorías de seguridad o gastos judiciales.
El riesgo jurídico
El fraude documental también puede resultar en responsabilidades legales para las empresas.
Las deficiencias en los controles en el momento de establecer la relación o durante determinadas operaciones sensibles (por ejemplo, operaciones de valor elevado u operaciones transfronterizas con destino a países de riesgo) pueden llevar a las autoridades de control o regulación a considerar que la empresa ha cometido una infracción.
Estas faltas pueden ser sancionadas con severidad, mediante multas administrativas, sanciones penales u otras medidas coercitivas, como la prohibición de ejercer, de participar en licitaciones o incluso la publicación de los hechos.
El riesgo operativo
El fraude documental también puede perturbar el buen funcionamiento de las operaciones de una empresa.
El descubrimiento tardío de un fraude, ya sea interno o externo, obliga a los equipos a responder llevando a cabo un análisis de los hechos, participando en reuniones para compartir experiencias, solicitando la participación de expertos externos en el análisis, etc.
Todas estas tareas requieren mucho tiempo y distraen al personal de la empresa de sus tareas habituales.
El riesgo reputacional
La reputación de una empresa puede verse gravemente dañada por el descubrimiento de casos de fraude basados en documentos falsos.
Este daño a la reputación puede tener consecuencias tanto para los clientes como para los proveedores, socios estratégicos o asociados.
Los clientes pueden tener la impresión de que la empresa no es fiable o incapaz de proteger sus intereses y, por lo tanto, preferir confiar en un competidor.
Los proveedores, socios y asociados pueden dudar de la capacidad de la empresa para llevar a cabo sus misiones y pueden optar por alejarse de ella para evitar dañar su propia reputación.
¿Cómo pueden luchar las empresas españolas contra el fraude documental?
Las empresas españolas pueden luchar contra el fraude documental integrando nuevas tecnologías desarrolladas específicamente para contrarrestar este tipo de amenazas.
Finovox ha desarrollado una herramienta basada en la inteligencia artificial que automatiza la detección de documentos falsos en cualquier contexto profesional.
Esta herramienta de defensa y protección funciona con todo tipo de documentos y en todos los idiomas. Por lo tanto, permite reforzar los dispositivos antifraude existentes, facilitar el trabajo de los equipos especializados y, en consecuencia, preservar el capital financiero, jurídico, operativo y reputacional de cualquier empresa.
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